Quiénes somos

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La Corporación Empresarial Pública de Aragón es la sociedad unipersonal del Gobierno de Aragón que agrupa todas sus participaciones empresariales directas y está adscrita al Departamento de Economía y Empleo.

En la actualidad, un total de 75 sociedades forman parte de un holding que nació el 11 de diciembre de 2007 para modernizar y profesionalizar las empresas públicas, mejorar su gestión, centralizar los procesos financieros y la estrategia de inversión pública y de responsabilidad social corporativa.

Por acuerdo de las Cortes de Aragón promovido por el Gobierno regional, el Consejo de Administración da cabida tanto al Ejecutivo autonómico como a los principales grupos de la oposición parlamentaria con el fin preservar la pluralidad de intereses de los ciudadanos.

La Corporación Empresarial, un hito en la historia española de la gestión pública, se rige por los siguientes textos legales:

  • Decreto 314/2007 de 11 de diciembre por el que se crea la empresa pública “Corporación Empresarial Pública de Aragón, SLU”.
  • Ley 2/2008, de 14 de Mayo, de Reestructuración del Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
  • Decreto 137/2008, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se transmiten títulos societarios autonómicos a la Corporación. Empresarial Pública de Aragón.
  • Decreto 215/2008, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se transmiten títulos societarios autonómicos a la Corporación Empresarial Pública de Aragón.
  • Ley 7/2008, de 19 de diciembre, de modificación de la Ley 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuración del Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
  • Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón.
  • Ley de medidas urgentes de racionalización del Sector Público Empresarial, procedente del Decreto-ley 1/2011, de 29 de noviembre del Gobierno de Aragón.

Sus principales objetivos son:

  1. Disponer de un órgano específico y especializado en la gestión del patrimonio empresarial de la Comunidad Autónoma.
  2. Asegurar la transparencia del funcionamiento de sus empresas públicas.
  3. Obtener una mayor coordinación y control de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma para mejorar su gestión y acelerar su modernización y profesionalización.
  4. Realizar un seguimiento de la gestión de las empresas participadas y asegurar la disponibilidad de información sobre ellas.
  5. Garantizar el apoyo al funcionamiento de las empresas públicas de la Comunidad.
  6. Proporcionar directrices comunes de actuación a las empresas públicas aragonesas.
  7. Mantener en las empresas participadas criterios de eficiencia, rentabilidad y respeto a las reglas del mercado y de la libre competencia.
  8. Actuar en las empresas participadas de acuerdo a los principios de responsabilidad social.
  9. Defender en los Consejos de Administración de las empresas privadas participadas el interés de las políticas públicas que motivaron la inversión en las mismas.
  10. Incorporar a la oposición parlamentaria en las Cortes de Aragón en los órganos de administración de las empresas públicas.